Durante la segunda quincena de agosto, la situación de los derechos humanos en Irán siguió deteriorándose. Las ejecuciones continúan siendo un instrumento central de la represión, junto con nuevas condenas a muerte contra detenidos del levantamiento de enero, arrestos masivos, castigos corporales, duras condiciones carcelarias, restricciones al periodismo y una renovada persecución de las minorías religiosas.
Ejecuciones y condenas a muerte
Según Iran Human Rights Monitor (Iran HRM), se documentaron 977 ejecuciones durante los siete primeros meses de 2026. Solo en julio se registraron 87 ejecuciones, entre ellas las de tres mujeres, dos personas ejecutadas por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de 18 años y nueve presos políticos; 73 de estas ejecuciones nunca fueron anunciadas oficialmente.¹ Aunque aún no se dispone de la cifra total correspondiente a agosto, el ritmo de ejecuciones ha seguido siendo excepcionalmente elevado. Entre el 23 y el 26 de agosto, 23 presos, incluidas tres mujeres, fueron ejecutados, lo que equivale a casi una ejecución cada cuatro horas.²
Resultan especialmente alarmantes las ejecuciones de detenidos relacionados con el levantamiento de enero. El 20 de agosto, Ghaem Hosseini, un joven detenido de origen afgano arrestado en el caso de la plaza Alikhani, en Isfahán, fue ahorcado. Reuters confirmó que el caso estaba vinculado a las protestas de enero.
Su procesamiento había suscitado preocupación debido a las limitaciones en el acceso a abogados, la celebración de procedimientos cerrados o a distancia y las denuncias de confesiones obtenidas bajo coacción.³
El 23 de agosto, Majid Adineh fue ejecutado tras haber sido detenido durante el levantamiento de enero cerca de Karaj. El poder judicial lo acusó de actuar en nombre de Estados Unidos, Israel y grupos de oposición, utilizando legislación relacionada con la seguridad nacional y el espionaje.
Associated Press informó de que las autoridades alegaron que una pistola hallada en su poder había sido utilizada durante las protestas. Persisten interrogantes sobre la transparencia del proceso, la disponibilidad de representación jurídica independiente y las pruebas utilizadas para imponer la pena de muerte.⁴
El 27 de agosto, surgieron informaciones según las cuales Leila Abolhasani, una mujer de 43 años y madre de dos hijas adolescentes, había sido condenada a muerte por moharebeh («enemistad contra Dios»).
Detenida durante las protestas de enero en Shahin Shahr, fue acusada de participar en actos de incendio provocado. Una fuente cercana a su familia sostiene que únicamente estaba filmando un supermercado que ya se encontraba en llamas. Las pruebas presentadas en su contra y los detalles de su defensa no se han hecho públicos; su recurso está actualmente ante el Tribunal Supremo.⁵
Prisiones, arrestos y castigos corporales
Las condiciones que afrontan los detenidos del levantamiento de enero siguen siendo igualmente preocupantes. En el Pabellón 37 de la Unidad 3 de la prisión de Ghezel Hesar, 65 detenidos identificados del levantamiento estarían recluidos en condiciones de hacinamiento extremo, sin atención médica adecuada ni acceso a servicios básicos. Varios de ellos se enfrentan a la pena de muerte y, según las informaciones disponibles, se les niega el acceso a asistencia letrada. En la Prisión Central de Karaj, entre 300 y 400 presos, en su mayoría detenidos del levantamiento de enero, se encontrarían en condiciones igualmente insalubres y de hacinamiento, durmiendo en el suelo y con un acceso extremadamente limitado a las duchas.⁶
Las mujeres que participaron en las protestas también han sido sometidas a castigos corporales. El 22 de agosto, Neda Dadehjani y Setayesh (Behnoush) Sarabi, detenidas durante el levantamiento de enero, recibieron 31 latigazos cada una antes de ser trasladadas a la prisión de Sanandaj. Sus condenas incluyen además penas de prisión y exilio interno.⁷
De izquierda a derecha: Neda Dadehjani y Setayesh Sarabi
La represión de los servicios de seguridad continúa también fuera de los muros de las prisiones. El 28 de agosto, el Ministerio de Inteligencia anunció el arresto de 30 personas en Mahallat y Nimvar por su presunta participación en las protestas de enero. La identidad de los detenidos, su paradero y su acceso a abogados no han sido plenamente revelados.⁸
Libertad de expresión y persecución religiosa
Las autoridades están endureciendo simultáneamente su control sobre la información. El Parlamento ha impulsado legislación que podría criminalizar las comunicaciones no autorizadas con medios de comunicación extranjeros y exponer a los ciudadanos iraníes a penas de prisión simplemente por facilitar entrevistas, fotografías o información.
Este avance legislativo se produce tras la condena a 15 años de prisión impuesta a la reconocida fotoperiodista Yalda Moaiery, cuyo trabajo ha documentado ampliamente la situación de las mujeres y las protestas en Irán.⁹
Las minorías religiosas también siguen siendo objeto de presión. Entre el 22 y el 25 de agosto, las autoridades llevaron a cabo redadas en viviendas y lugares de trabajo de miembros de la comunidad bahá’í en siete provincias del país. La Comunidad Internacional Bahá’í informó de que 11 personas fueron detenidas o encarceladas, mientras que las fuerzas de seguridad confiscaron ordenadores, equipos profesionales, dinero en efectivo, joyas y otros bienes personales.¹⁰
Tomados en conjunto, estos acontecimientos muestran que la represión iniciada tras el levantamiento de enero no ha terminado; se ha desplazado progresivamente de las calles hacia las prisiones, los tribunales revolucionarios y las cámaras de ejecución. El uso cada vez más acelerado de la pena de muerte, junto con las detenciones arbitrarias, los castigos corporales, la vulneración de las garantías procesales y las restricciones al acceso a la información, exige una presión internacional sostenida, acceso independiente a los presos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas para los responsables.
Notas
¹ Iran Human Rights Monitor, Iran HRM Monthly Report – July 2026, 8 de agosto de 2026; estadísticas de ejecuciones en la página principal de Iran HRM, consultadas el 31 de agosto de 2026.
² Secretaría del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, Iran’s Regime Carried Out 23 Executions in Just Four Days — One Every Four Hours, 27 de agosto de 2026.
³ Elwely Elwelly, Reuters, Iran Executes Man over Charges Related to January Protests, State Media Says, 20 de agosto de 2026; Secretaría del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, Iran’s Regime Executes 21-Year-Old Uprising Prisoner Ghaem Hosseini, 20 de agosto de 2026.
⁴ Associated Press, Iranian Security Chief Says Support for New US Sanctions Would Be ‘Act of War’, 23 de agosto de 2026.
⁵ Iran Human Rights Society, Leila Abolhasani; Mother of Two Teenage Daughters Sentenced to Death, 28 de agosto de 2026.
⁶ Secretaría del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, Iranian Prisoners’ Lives at Risk from Poor Health and Living Conditions, 21 de agosto de 2026; Inhumane Conditions for Uprising Detainees in Iran’s Ghezel Hesar Prison, Ward 37, 27 de agosto de 2026.
⁷ Human Rights Activists News Agency (HRANA), January 2026 Protests: Flogging Sentences of Two Women Carried Out, 26 de agosto de 2026; Iran International, Iran Flogs Two Women Detained in January Protests, 26 de agosto de 2026.
⁸ Press TV, Intelligence Forces Arrest 30 Mercenaries Involved in Foreign-Backed Riots in Markazi Province, 28 de agosto de 2026; AvaToday, 30 Citizens Arrested in Connection with January Protests in Markazi Province, 28 de agosto de 2026.
⁹ Deepa Parent, The Guardian, Iran Seeks to Criminalise All Contact with Foreign Media in ‘Chilling’ Crackdown, 26 de agosto de 2026; Nilo Tabrizy, Reuters, Iranian Photojournalist Faces 15 Years in Prison over Images, Reporting, 12 de agosto de 2026.
¹⁰ Comunidad Internacional Bahá’í, State Theft against the Bahá’ís: From Personal Cash and Wedding Rings to Children’s Toys, 27 de agosto de 2026.