La próxima masacre iraní se está desarrollando a plena vista
El régimen está reviviendo sus tácticas más oscuras y poniendo a prueba la voluntad del mundo para actuar
The Washington Post – Opinión – 24 de julio de 2025
Por Stephen J. Rapp
Stephen J. Rapp fue jefe de enjuiciamiento en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y fiscal del Tribunal Especial para Sierra Leona. Se desempeñó como embajador especial de Estados Unidos para asuntos de crímenes de guerra de 2009 a 2015.
Como ex fiscal internacional, me veo obligado a hablar en contra de un patrón de escalada de violaciones de derechos humanos en Irán, un patrón que evoca los capítulos más oscuros de la historia de ese país y exige una respuesta internacional sostenida. Lo que está en juego no es solo la justicia para las víctimas, sino también la credibilidad del mundo en la prevención de atrocidades masivas.
La República Islámica de Irán nunca ha dudado en utilizar la fuerza letal contra la disidencia. Un claro ejemplo se produjo en 2019 cuando cientos de iraníes fueron asesinados a tiros por protestar contra el aumento del precio del combustible. A pesar de la protesta internacional, ese derramamiento de sangre fue un preludio, no un clímax.
Tres años después, la muerte de una joven, Mahsa Amini, a manos de la “policía de la moral” provocó un levantamiento nacional. Esta vez, el régimen respondió con brutalidad estratégica: más de 750 manifestantes muertos y sobre 30.000 detenidos. Pero las ejecuciones — y no los disparos — se convirtieron en el arma principal del régimen para la represión sostenida. En 2023, más de 850 personas fueron ejecutados. En 2024, el número se acercó a 1,000. Este año, un relator especial de la ONU advirtió que Irán está listo para superar esa cifra nuevamente.
Al menos una docena de manifestantes del levantamiento de 2022 ya han sido ahorcados. Otros, acusados de delitos vagos como “enemistad con Dios” (moharebeh), son condenados por afiliarse a grupos de oposición. Estos asesinatos judiciales no son actos aislados, sino medidas calculadas para reprimir la disidencia y reafirmar el control después de dos levantamientos nacionales, así como la guerra más reciente con Israel.
La respuesta del régimen a su vulnerabilidad percibida a raíz de ese conflicto se ha vuelto cada vez más agresiva. Si bien sus fracasos pueden atribuirse a la incompetencia y la penetración extranjera de sus servicios de seguridad, su furia se dirige a los oponentes políticos internos. Miles de iraníes están en peligro mientras el parlamento ahora busca acelerar las sentencias de muerte en casos que involucran colaboración imaginaria con entidades extranjeras.
Si la trayectoria actual continúa, el recuento de ejecuciones de Irán para 2025 podría superar cualquier otro en la memoria moderna, excepto, quizás, por el horror de 1988. Ese verano, aproximadamente 30.000 presos políticos fueron ejecutado sumariamente. Su único delito fue “aferrarse a su creencia” en una oposición democrática. Las comisiones de muerte responsables de esas atrocidades ahora son elogiadas por su brutalidad.
Este mes, la Agencia de Noticias Fars, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, publicó un editorial escalofriante en el que se elogiaba a las comisiones de la muerte como una “experiencia histórica exitosa”. Han seguido llamados a una nueva purga de disidentes políticos. Tres activistas presuntamente vinculados a Mujahedin-e-Khalq (PMOI o MEK), una destacada organización disidente —Farshad Etemadi-Far, Masoud Jamei y Alireza Mardasi— fueron condenadas a muerte en julio. La acusación: moharebeh, la misma justificación utilizada por el ayatolá Ruhollah Jomeini en 1988. Cientos de otros casos están pendientes.
En 1988, los activistas iraníes intentaron hacer sonar las alarmas en toda la comunidad internacional mientras se preparaba el terreno para las ejecuciones masivas. La mayoría de los funcionarios occidentales optaron por ignorar los llamados a la acción. El peligro que surge con las últimas ejecuciones y arrestos por motivos políticos no es solo que Irán perpetre otra masacre, sino que el mundo repita su fracaso al permitir que suceda.
Para su crédito, algunos expertos y formuladores de políticas ya han comenzado a dar la alarma. El 4 de julio, 10 expertos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció la represión que comenzó cuando comenzó la guerra de 12 días el 13 de junio, señalando que la retórica de los medios estatales, incluidos los llamados a la “vigilancia” y los “asesinatos”, se hace eco de las justificaciones anteriores del régimen para las “atrocidades de 1988”.
La impunidad engendra impunidad. Corresponde a las instituciones globales actuar ahora. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, debería usar su autoridad para lanzar una misión de investigación que indicaría al régimen que sus asesinatos judiciales quedarían expuestos al mundo. Y los gobiernos democráticos de todo el mundo deberían imponer sanciones a los perpetradores de los abusos de los derechos humanos de Irán y degradar las relaciones diplomáticas con Irán hasta que ponga fin a sus intentos sistemáticos de matar a sus oponentes políticos.
No debemos hacernos ilusiones sobre lo que tales movimientos podrán lograr a corto plazo. Irán ya estaba aislado antes de sus masacres de 1988 y, sin embargo, el régimen sobrevive hasta el día de hoy, bajo diversos grados de censura por sus abusos de los derechos humanos bien documentados.
Sin embargo, esto no es excusa para la inacción. Como alguien con experiencia en llevar a los criminales de guerra ante la justicia, sé que la rendición de cuentas es lenta pero nunca imposible. Los gobernantes de Irán pueden apoyarse hoy en la impunidad, pero con un esfuerzo internacional sostenido, mañana podrían enfrentarse a la justicia, ya sea ante sus propios ciudadanos o en un tribunal internacional que aún no se ha convocado.
Fuente: Washington Post