EFE – El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu investiga dos ataques perpetrados por fuerzas iraquíes contra el campo de refugiados de Ashraf, en Irak y que alberga a disidentes iraníes, resultando 87 personas muertas.
La querella se refiere al ataque del 1 de septiembre pasado por parte de fuerzas militares y policiales iraquíes, en el que murieron 52 personas, y a otro perpetrado el 8 de abril de 2011, en el que murieron 35 personas.
Mediante jurisdicción universal, el tribunal español aceptó investigar el caso a raíz de la querella presentada por el abogado Juan Garcés en representación de dos víctimas y la organización opositora iraní “Muyahidín Jalq” (combatientes del pueblo), ubicado en la provincia de Diyala (al noreste de Bagdad) y otras víctimas.
En una auto fechado el 21 de noviembre pasado, el juez admitió a trámite la ampliación de la querella contra el asesor de seguridad nacional de Irak, Faleh al Fayad, como responsable del campo de refugiados, protegidos por la IV Convención de Ginebra.
Dos víctimas querellantes afirman que Al-Fayad tomó el mando del campo en mayo de 2010, cuando pasó a presidir el “Comité para Ashraf”, de la Oficina del Primer Ministro de Irak, Al Maliki, y que desde entonces tenía conocimiento de todo lo que allí ocurría, incluyendo “muertos, heridos, bombardeo acústico, privaciones alimentarias y sanitarias”.
“En la jerarquía civil y militar es el primer responsable de la operación del 8 de abril de 2011”, afirman los querellantes, que explican que ese día Al-Fayad no autorizó a la ONU a acudir al lugar para ver lo que estaba pasando.
A lo largo de 2012 y 2013, prosiguen, los miembros del citado comité, “han obligado al desplazamiento forzoso de la mayor parte de los residentes de Ashraf, contra su voluntad y bajo amenazas de nuevas masacres, a una inhóspita base militar abandonada cerca de Bagdad, conocida como ‘Camp Liberty'”.
En cuanto al ataque de septiembre de este año, los querellantes explican que las fuerzas militares que ocuparon el campo de refugiados “permitieron el asesinato a sangre fría de 52 residentes” que tenían el estatus de protegidas por los convenios de Ginebra y otras siete fueron secuestradas, sin que se sepa dónde están.
La ONU ha pedido en dos ocasiones al Gobierno iraquí que realice una investigación creíble sobre este ataque perpetrado contra el campamento de refugiados iraníes, que acogía en los años 60 a refugiados muyahidines.
En el auto, el juez Andreu cree que estos hechos podrían constituir infracciones graves de la Convención de Ginebra, en concreto homicidio intencional, tortura o tratos inhumanos, y da traslado a las autoridades iraquíes la admisión a trámite para que le hagan llegar la querella a Al-Fayad.
En declaraciones a EFE, el Juan Garcés denunció que el campo de refugiados de Ashraf “esta bajo una situación de ataque permanente desde enero de 2009”, después de que EEUU cediera el control de la zona a las fuerzas iraquíes.
En julio de ese mismo año se produjo otro ataque importante Ashraf, en el que murieron 36 personas, según el abogado quien destacó que la Audiencia Nacional española es el único tribunal que investiga estos crímenes.
Agencia EFE S/A