El Congreso de los Diputados de España aprueba por unanimidad una resolución que respalda al pueblo iraní y condena los abusos de derechos humanos
El 6 de mayo de 2025, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una resolución que condena al régimen iraní por sus graves y continuadas violaciones de los derechos humanos. La moción, presentada inicialmente por el Partido Popular (PP), fue respaldada por todos los grupos parlamentarios —tanto del Gobierno como de la oposición—, lo que evidenció una unidad política poco habitual ante la urgencia de la situación en Irán.
Apoyándose en cifras del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), al que la resolución identifica como fuente clave en la denuncia de la represión estatal, el texto señala que solo en 2024 se llevaron a cabo más de 1.000 ejecuciones, la cifra más alta registrada en las últimas tres décadas. Asimismo, se destaca la organización, por parte del CNRI, de una gran manifestación opositora en París el 8 de febrero de 2025, como reflejo de las crecientes demandas del pueblo iraní a favor de un cambio democrático.
También se incluye una referencia simbólica a Maryam Rajavi, presidenta electa del CNRI, y a su intervención en la Conferencia Internacional de Mujeres celebrada en febrero de 2025, donde rindió homenaje al papel de las mujeres en el liderazgo de la resistencia contra el fundamentalismo.
La resolución pone además el foco en casos concretos como los de Mehdi Hassani y Behrouz Ehsani, presos políticos vinculados al grupo opositor PMOI (MEK), que habrían sido torturados y condenados a muerte.
Publicada en el Boletín Oficial del Parlamento (Boletín Oficial de las Cortes Generales BOCG-15-D-319), la resolución condena de forma enérgica la discriminación estructural contra las mujeres y la represión política generalizada en Irán. Expresa su profunda preocupación por el alarmante aumento de las ejecuciones, el uso sistemático de la tortura y la negación del debido proceso. A partir de informes de Naciones Unidas, califica la tortura, la violencia sexual y las ejecuciones extrajudiciales como crímenes de lesa humanidad.
Presta especial atención a la ofensiva del régimen contra las mujeres, incluyendo la brutal imposición de las leyes sobre el velo y la propuesta de “Ley del Hiyab y la Castidad”. También denuncia la discriminación legal que sufren las mujeres iraníes en ámbitos como el empleo, la herencia y la custodia de los hijos.
Más allá de la condena, el Parlamento insta al Gobierno de España a actuar: denunciar los abusos del régimen iraní en los foros internacionales, imponer sanciones específicas a los funcionarios implicados en violencia de género y apoyar investigaciones independientes, en especial sobre los crímenes cometidos contra mujeres, minorías y menores.
La resolución representa un contundente gesto de solidaridad con el pueblo iraní y un mensaje claro a la comunidad internacional: es hora de apoyar a los ciudadanos de Irán en su lucha por la libertad, la justicia y una república democrática.