El martes 10 de septiembre, presos políticos de 21 cárceles de todo Irán iniciaron una huelga de hambre como parte de la campaña “No a las ejecuciones los martes” , que ya va por su 33ª semana consecutiva. La protesta, que ha ido ganando impulso en todo el país, tiene como objetivo concienciar y oponerse al uso de la pena de muerte por parte del régimen, que ha aumentado considerablemente en los últimos meses.
Estas prisiones incluyen:
- Prisión de Evin (pabellón de mujeres, pabellones 4 y 6),
- Prisión de Ghezel Hesar (Unidades 3 y 4),
- Prisión central de Karaj,
- Gran prisión de Teherán,
- Prisión de Khorramabad,
- Prisión militar de Shiraz,
- Prisión de Bam,
- La prisión de Asadabad en Isfahán,
- Prisión de Mashhad,
- Prisión de Lakan Rasht (pabellones de hombres y mujeres),
- Prisión de Qaem Shahr,
- Prisión de Ardabil,
- Prisión de Tabriz,
- Prisión de Urmia,
- Prisión de Khoy,
- Prisión de Naqadeh,
- Prisión de Salmas,
- Prisión de Saqqez,
- Prisión de Baneh,
- La prisión de Mariwan y
- Prisión de Kamyaran.
La declaración conjunta de los presos condenó la reciente represión del régimen, los arrestos injustos y las tácticas de intimidación por parte de los funcionarios de prisiones, particularmente en la prisión de Urmia, donde los activistas han sido amenazados por Peyman Khanzadeh, el director de la prisión, y Nader Azarnia, el jefe de seguridad.
Los presos denunciaron que desde el 21 de agosto ya se había ejecutado a 29 personas y que había varios presos que habían sido torturados hasta la muerte. Los huelguistas subrayaron que estos abusos habían sido destacados en el reciente informe del entonces Relator Especial de la ONU, Javaid Rehman, que describió las acciones del régimen como “crímenes bárbaros” que exigen una rendición de cuentas a nivel mundial.
En su declaración, los presos en huelga reiteraron su compromiso de continuar la campaña hasta que se aboliera la pena de muerte e hicieron un llamamiento a todos los presos de Irán para que se sumaran a la causa. También instaron a la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Mai Sato, a que visitara las cárceles iraníes, en particular para investigar las condiciones de los presos políticos y de los condenados a muerte.
Esta protesta coordinada refleja el malestar generalizado que se vive en Irán, donde se están produciendo manifestaciones de diversos grupos sociales, entre ellos trabajadores, enfermeros, jubilados y profesores, entre otros, que exigen justicia y cambios revolucionarios. A medida que aumenta la atención internacional sobre la situación en las cárceles iraníes, la huelga de hambre de los presos sirve como un poderoso símbolo de resistencia a las tácticas represivas del régimen y al uso excesivo de la pena de muerte.
Mientras tanto, Amnistía Internacional ha expresado su preocupación urgente por el riesgo inminente de ejecución que corre Sharifeh Mohammadi, defensora de los derechos humanos en Irán. Condenada a muerte en junio de 2024 por un tribunal revolucionario de Rasht, provincia de Gilan, Mohammadi está siendo castigada únicamente por su defensa pacífica de los derechos de las mujeres y los trabajadores y su abierta oposición a la pena de muerte. Su sentencia se produce tras un juicio manifiestamente injusto en el que nunca se investigaron sus denuncias de tortura y malos tratos.