La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el martes 19 de diciembre su 64º resolución condenando las violaciones a los derechos humanos en Irán.
La Sra. Maryam Rajavi, presidenta electa del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán celebró la resolución diciendo: “en el caso de un régimen que ha ignorado totalmente docenas de resoluciones de Naciones Unidas contra las continuas violaciones a los derechos humanos en el país y mientras sus altos mandos celebran públicamente la masacre de prisioneros políticos, la comunidad internacional debe adoptar medidas vinculantes para detener los crímenes del régimen. Todas las relaciones diplomáticas y políticas con el régimen teocrático de los mulás sirven directamente los intereses de la Guardia Revolucionaria de Jamenei y deben ser condicionadas a poner fin a la tortura y las ejecuciones así como a la intervención en la región. En ausencia de una política firme, las flagrantes violaciones contra los derechos humanos en Irán y la exportación de terrorismo, fundamentalismo y beligerancia a la región y al mundo, continuarán”.
Refiriéndose al pedido de la resolución al régimen iraní “a lanzar un proceso completo de rendición de cuentas como respuesta a todos los casos de serias violaciones contra los derechos humanos, incluyendo aquellos que involucren a las agencias judiciales y de seguridad… y terminar con la impunidad de tales violaciones”, la Sra. Rajavi declaró: “el ejemplo más significativo de las serias violaciones contra los derechos humanos en Irán es la masacre de prisioneros políticos de 1988 en el que todos los mandos del régimen clerical, específicamente Jamenei y el sistema judicial de los mulás y sus altos mandos a cargo de seguridad e inteligencia estuvieron todos involucrados y fueron cómplices. Lo defienden todo y hasta ahora han sido inmunes a un juicio, por tanto la comunidad internacional enfrenta una prueba grande de investigar este crimen contra la humanidad y juzgar a sus perpetuadores”.
Maryam Rajavi urgió a Naciones Unidas lanzar un comité investigativo sobre este caso añadiendo: “es el primer paso para terminar con la impunidad de los criminales que han gobernado Irán por 38 años”.
La Asamblea General de la ONU expresó su “seria preocupación por la alarmantemente alta frecuencia de imposición y cumplimiento de la pena capital… incluyendo la imposición de tal pena contra menores o personas que al momento del delito tenían menos de 18 años de edad, y ejecuciones llevadas a cabo por crímenes que no pueden ser considerados como los más serios, o confesados bajo tortura” y pidió al régimen “abolir, en derecho y práctica, las ejecuciones públicas”.
La resolución de la Asamblea General igualmente llama al régimen iraní a cesar y terminar la “tortura u otro tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante”, “el amplio y sistemático uso de detenciones arbitrarias, incluyendo esta práctica apuntada a ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad”, “el pobre estado de las prisiones”, “la negativa a acceder a un tratamiento médico adecuado”, “las amplias y serias restricciones a los derechos de libertad de expresión, opinión, asociación y asamblea pacífica tanto en línea como en la calle”, “el acoso, intimidación y persecución de oponentes políticos, defensores de derechos humanos, activistas por los derechos de mujeres y minorías, líderes de trabajadores, activistas estudiantiles, académicos, cineastas, periodistas, blogueros, usuarios de redes sociales, artistas, abogados y personas pertenecientes a minorías religiosas reconocidas y no reconocidas”, “penas excesivas, incluyendo la pena capital y exilio interno”, “represalias contra individuos por cosas como cooperar con mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas” y “toda forma de discriminación y violación a los derechos humanos contra mujeres y niñas” y “contra personas pertenecientes a minorías religiosas, étnicas, lingüísticas o de otro tipo”.
Secretariado del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán
19 de diciembre de 2017