EFE.- La organización opositora iraní “Muyahidín Jalq” (combatientes del pueblo) denunció hoy que las autoridades iraquíes han enterrado en secreto los cuerpos de los 52 fallecidos en un ataque perpetrado en septiembre pasado en su campo de refugiados.
En declaraciones a Efe por teléfono, el portavoz de la organización del campo Liberty, cerca de Bagdad, Shahriar Kia, afirmó que es un intento de destruir las pruebas del citado ataque, lanzado por las fuerzas militares y policiales iraquíes.
Kia calificó este enterramiento de “ilegal y criminal” y señaló que las autoridades iraquíes pretenden evitar que los responsables sean llevados ante la justicia.
Las autoridades iraquíes confirmaron hace dos días a los representantes y abogados de Liberty el entierro de los 52 cadáveres, pero se negaron a precisar el lugar o el momento, según el portavoz.
Los opositores iraníes temen que las autoridades de Bagdad traten, además, de falsificar los resultados de las autopsias realizadas a los cuerpos los días 8 y 9 de septiembre.
Por su parte, el joven Mohamed Ajban, cuyo gemelo es una de las víctimas, expresó telefónicamente a Efe su sorpresa por lo sucedido y su pesar por no saber dónde se encuentra enterrado su hermano.
“Nos habría gustado poder celebrar un funeral. Es un acto ilegal este enterramiento secreto”, lamentó Ajban.
El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu investiga este ataque, perpetrado el 1 de septiembre por las fuerzas iraquíes contra el campo de refugiados de Ashraf, donde antes vivían los opositores iraníes.
Andreu también investiga otro ataque similar ocurrido en abril de 2011 en el mismo campo y que se saldó con la muerte de 35 personas.
Mediante el principio de jurisdicción universal, el tribunal español aceptó investigar el caso a raíz de la querella presentada por el abogado Juan Garcés en representación de dos víctimas y de la organización “Muyahidín Jalq”.
En un auto fechado el 21 de noviembre pasado, el juez admitió a trámite la ampliación de la querella contra el asesor de seguridad nacional deIrak, Faleh al Fayad, como responsable del campo de refugiados, protegido por la IV Convención de Ginebra.
En cuanto al ataque de septiembre de este año, los querellantes explican que las fuerzas militares que ocuparon el campo “permitieron el asesinato a sangre fría de 52 residentes” que tenían el estatus de protegidas por los convenios de Ginebra y otras siete fueron secuestradas, sin que se sepa dónde están.
Fuente: EFE