CNRI – La creciente tendencia, especialmente entre los jóvenes, del uso de las redes sociales se ha convertido en una crisis de seguridad para el régimen iraní.
Según datos recientes a pesar de las medidas del régimen para censurar su uso, y filtrar y controlar su contenido cerca de 22 millones de iraníes se han unido a la red social Telegram solamente.
El sitio de internet estatal “Hamshahri” reportó el 15 de agosto de 2015 sobre la cantidad de iraníes con acceso a internet. “Si se estima que la población de Irán es de 75 millones, los estudios muestran que casi 55.5 millones usan internet y 37.5 tienen una subscripción a internet. La tasa de penetración del ADSL ha llegado al 20.72% mientras que la red móvil sigue siendo el principal punto de acceso con 31.83%, lo que significa casi 24 millones de usuarios”.
Sin duda el creciente número de usuarios de internet –correspondido por el régimen con represión y ahogo- no puede ser detenido por las políticas represivas de este. Entre más pongan bajo presión a los usuarios de la red el sistema judicial y las fuerzas de seguridad, más gente acudirá a las fuentes de información en línea, especialmente a las vinculadas a la resistencia iraní y a la OMPI. Con tales medidas el régimen tiene solo un objetivo en mente: impedir a la gente acceder a información libre y fiable.
Si miramos los números que proporciona el gobierno nos encontraremos con que el tema de “internet vs. El régimen iraní” nos recuerda la vieja historia del “duende vs. El nombre de Dios”.
Como lo reconoció el fiscal general del régimen: “desafortunadamente el ciberespacio está siendo utilizado por muchas corrientes [intelectuales] extranjeras como camino para impactar al sistema. El enemigo se aprovecha de internet para hacernos daño a través de la blasfemia [insultar a los mulás]. Una guerra blanda se hace contra nosotros en este medio” (agencia de noticias Tasnim de las terroristas Fuerzas Qods, 7 de diciembre de 2016).
El mulá Mohammad Jafari reconoce las políticas represivas del régimen en la amplia censura de internet y redes sociales diciendo: “considerando las responsabilidades del fiscal general, tenemos una relación cercana con la Ciber Policía en las que cada semana se bloquean entre 13 y 14 mil páginas web por violaciones”.
El hecho es que muchos proveedores de internet se niegan a colaborar con la transferencia de sus servidores a Irán, pues llevarlos allí implica que los cuerpos represivos de seguridad e inteligencia podrían tener acceso a las identidades de los usuarios así como otra información disponible en las redes sociales. El último capítulo en esta historia ocurrió con la popular red social Telegram, que se negó a colaborar con el régimen iraní.
Mientras se queja sin remedio sobre esto, el fiscal general agrega: “una de las razones por las que no podemos tratar con las redes sociales es que sus servidores no están localizados en Irán”. Estas declaraciones muestran el fracaso de las políticas del régimen y las grandes inversiones hechas para lidiar con el creciente número de usuarios de redes sociales, quienes además de retar al sistema en su totalidad, se han convertido en fuentes de información importantes sobre lo que pasa al interior del país.