Por Miguel Ángel Rodríguez, Expresidente de la República, Costa Rica
Irán se asienta en la tierra de maravillosas civilizaciones que enriquecieron a la humanidad no solo por sus avances materiales, sino también por sus contribuciones jurídicas.
En el siglo VI a. C., el rey Ciro el Grande de Persia proclamó el Código de Ciro, considerado la primera declaración conocida de derechos humanos. En el Cilindro de Ciro de arcilla en que se conserva, se afirma la liberación de los esclavos, la libertad religiosa, la igualdad entre razas y el respeto a las tradiciones de las minorías. Fue Ciro quien ordenó la liberación del pueblo judío y permitió la reconstrucción del Templo de Jerusalén.
En esa misma tierra se impone hoy la República Islámica de Irán, responsable de crueles y sistemáticas violaciones a la vida, la libertad, los derechos de las mujeres y las garantías más elementales.
En varios artículos (disponibles en www.rodriguez.cr) me he referido a las ejecuciones sumarias de opositores en 1988, que se estiman en hasta 30 000 personas; al asesinato, por no cubrir su cabeza con el hiyab, de la joven kurda Jina Mahsa Amini en 2022; y a las ejecuciones sumarias que siguieron. También me he referido al reconocimiento en 2023, con los más distinguidos premios internacionales, a mujeres heroínas y mártires de Irán.
Hoy Irán atraviesa una nueva y alarmante escalada represiva. A inicios de este mes, Saeed Masouri, prisionero político desde hace 25 años, dirigió una carta abierta a la comunidad internacional y a la ONU desde la prisión de Ghezel Hesar. Su testimonio revela una maquinaria institucionalizada de represión, donde las ejecuciones se han convertido en rutina. En un solo mes fueron ejecutadas más de 170 personas.
Detrás de cada ejecución hay un patrón de abusos. En los llamados casos de seguridad, que suelen ser políticos, el proceso judicial es una fachada. Los expedientes no los preparan jueces ni fiscales, sino agentes del Ministerio de Inteligencia o de la Guardia Revolucionaria. Las audiencias duran pocos minutos y los abogados no tienen acceso al expediente. El régimen invoca la “confidencialidad” para impedir toda defensa, vulnerando incluso su propia legislación.
Masouri denuncia también el uso sistemático de confesiones forzadas, grabadas y transmitidas por la televisión estatal. Estas confesiones se obtienen bajo coacción, a cambio de promesas de clemencia que nunca se cumplen. Se chantajea a los familiares: si el preso no se arrepiente públicamente, será ejecutado y “será culpa de ustedes”.
Entre la detención y la ejecución ocurre otro verdadero crimen: la destrucción de la justicia como principio. Masouri lo llama “el crimen invisible” que antecede a la muerte: el silenciamiento, el aislamiento y la humillación del acusado.
El Estado iraní se convierte así en verdugo y autor de una violencia institucional que ni siquiera guarda las apariencias del juicio legal.
Ante esta realidad, Masouri lanza una pregunta urgente: ¿Cuántas ejecuciones más se necesitan para que el Consejo de Seguridad de la ONU actúe? ¿Hasta cuándo la comunidad internacional permanecerá en silencio ante esta catástrofe humanitaria?
Su carta no es solo una denuncia: es una advertencia desde el corazón de un sistema represivo que ha suprimido toda forma de garantía judicial. Cada ejecución bajo este modelo es un asesinato de Estado legitimado por el silencio.
El mundo no puede permanecer indiferente.
La voz de quienes sobreviven y resisten desde las prisiones iraníes debe convertirse en una exigencia internacional de justicia y en un llamado a rescatar el legado de Persia: una civilización que una vez proclamó la dignidad humana como principio.
Los latinoamericanos debemos prestar especial atención a lo que ocurre en Irán, dada su estrecha relación con los regímenes autocráticos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Lo que allí sucede no es ajeno a nosotros.
Fuente Diario Extra: https://www.diarioextra.com/noticia/del-codigo-de-ciro-el-grande-a-los-asesinatos-genocidas-de-estado/
Del Código de Ciro el Grande a los asesinatos genocidas de Estado