El miércoles pasado un tribunal de Bélgica escuchó la apelación presentada por los abogados de tres agentes iraníes que fueron condenados a principios de este año por participar en un complot para cometer un asesinato terrorista. Hay pocas dudas de que su veredicto de culpabilidad permanecerá intacto, especialmente si se considera que el autor intelectual de ese complot aparentemente reconoció su culpa al negarse a apelar y al evitar una defensa legal genuina a favor de simplemente exigir que se le otorgue inmunidad procesal por causa de su anterior estatus como diplomático que trabajaba en la embajada iraní en Viena.
Por muy seguro que sea el veredicto de culpabilidad, la conclusión de esta apelación no debe convertirse en la conclusión de este caso en su totalidad. La comunidad internacional debe considerar la sentencia como una oportunidad para hacer un seguimiento de las amenazas del terrorismo del régimen iraní, ya que no lo hicieron tras el enjuiciamiento inicial.
El diplomático-terrorista del régimen, Assadollah Assadi fue sentenciado a 20 años de prisión. Su arresto había puesto al descubierto la existencia de vastas redes terroristas iraníes dentro de Europa que aún no han sido desmanteladas. Los documentos obtenidos del vehículo de Assadi mostraban que se había reunido con agentes en al menos 11 países durante un período de unos cuatro años, a menudo pagándoles en efectivo por servicios desconocidos. El régimen iraní tiene una larga historia de actividades terroristas en todo el mundo, incluida una serie de asesinatos selectivos de activistas de la oposición. En otros casos, la información existente es bastante completa, pero no se ha tomado ninguna medida ya que los perpetradores conocidos de incidentes terroristas han permanecido protegidos dentro de Irán. En agosto, una de esas personas que está implicada en un atentado con bomba en un centro judío en Argentina en 1994 que mató a 85 e hirió a 200, Ahmad Vahidi, fue nombrado Ministro del Interior del régimen.
Por un lado, ese nombramiento es indicativo de la naturaleza del régimen con Ebrahim Raisi como presidente – personalmente responsable por abusos contra los derechos humanos y el asesinato sistemático de miles de disidentes nacionales-. Por otro lado, tanto la “selección” de Raisi como el nombramiento posterior de Vahidi destacan la sensación de impunidad que rodea a la mayoría de las actividades malignas de Teherán.
Esa impunidad se refuerza cada vez que la comunidad internacional se niega a responder a los nuevos acontecimientos en Irán que amenazan la estabilidad global o la vida de los disidentes. El complot terrorista de 2018 ciertamente tuvo todos estos efectos, ya que los expertos señalaron que podría haber sido el peor ataque terrorista moderno en suelo europeo. El dispositivo que Assadi transmitió a sus co-conspiradores consistía en 500 gramos de TATP altamente explosivo, que hirió a un oficial de policía belga en el momento de su eliminación, a pesar de que este estaba parado fuera del cordón de seguridad. Si la bomba hubiera sido detonada en medio de la manifestación de Irán Libre como estaba planeado, ciertamente habría matado a cientos y más probablemente a miles de asistentes, posiblemente incluyendo a cualquiera de los dignatarios estadounidenses y europeos que participaron para mostrar su apoyo a la causa de una nación iraní libre y democrática.
La amenaza a la seguridad internacional fue subrayada por el hecho de que antes de ser descubierto en posesión de dos agentes en la frontera entre Bélgica y Francia, el TATP viajó desde Irán a Austria en un avión comercial, dentro de la valija diplomática de Assadi. Luego este condujo los explosivos de Austria a Luxemburgo para una reunión con los posibles atacantes y les dejó instrucciones sobre cómo manejarlos y dónde colocarlos.
El objetivo principal del complot era evidentemente la Sra. Maryam Rajavi, presidenta electa del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Esto es tanto un testimonio de la amenaza que representa la Resistencia iraní para el régimen como un recordatorio del hecho de que las órdenes para el ataque provinieron de los niveles más altos del régimen.
Ese hecho fue reconocido por los fiscales en el caso de Assadi, y debe reconocerse nuevamente en medio de los intentos de apelación de sus co-conspiradores. El régimen activó una célula durmiente y se arriesgó a un incidente internacional en un intento desesperado de dañar la red de activistas de la oposición que desempeñaron un papel de liderazgo durante el levantamiento nacional en Irán a principios de 2018.
Entonces se presentó a los poderes occidentales la oportunidad de influir en la situación al ejercer más presión sobre el régimen por sus amenazas a la estabilidad global, pero desafortunadamente esto no ocurrió. Por supuesto, mientras persistan esas amenazas, la oportunidad para los políticos occidentales nunca desaparecerá. Pero cuanto más esperen para tomar medidas en forma de sanciones económicas más fuertes, órdenes de arresto y otras sanciones para los participantes en el terrorismo iraní, más alentados estarán en Teherán para intentar nuevos ataques en la misma línea. La comunidad internacional debe actuar para socavar la impunidad que motiva tales ataques, lo mínimo que puede hacer es realizar serios esfuerzos para desmantelar las redes terroristas que los hacen posibles. Pero incluso eso requiere una mayor voluntad política de la que la mayoría de los políticos occidentales han demostrado hasta ahora. La apelación actual en Bélgica destaca el alcance del peligro que representan esos casos, y este peligro podría prevenirse desmantelando la red de terrorismo de Teherán en Europa.