Tras una campaña internacional para detener la ejecución de Navid Afkari -un manifestante arrestado en 2018- el régimen iraní volvió a emitir sus confesiones forzadas el lunes.
La emisión de confesiones forzadas por televisión muestra la intención de los mulás de ejecutar a Navid y es una señal de las sistemáticas violaciones contra los derechos humanos de los mulás.
– Navid Afkari
Navid Afkari Sangari, de 27 años, es un campeón de lucha libre. Fue arrestado en 2018, junto con sus dos hermanos. Después de meses de horribles torturas, y tras una confesión televisada, Navid fue sentenciado dos veces a ser ejecutado.
En una carta desde la prisión, Navid escribió: “Durante unos 50 días tuve que soportar las más horribles torturas físicas y psicológicas. Me golpeaban con palos y porras, golpeando mis brazos, piernas, abdomen y espalda. Colocaban una bolsa de plástico en mi cabeza y me torturaban hasta que me asfixiaba hasta el borde de la muerte. También me echaban alcohol en la nariz”.
En un hecho similar, el régimen iraní ejecutó a Mostafa Salehi, un manifestante arrestado en 2018 en la ciudad de Isfahán el 5 de agosto. Mostafa fue sometido a viles torturas para confesar el asesinato de una fuerza de seguridad. Una fuente cercana a la familia de Mostafa Salehi dijo: “La mano y las dos piernas de Mostafa se habían roto durante los interrogatorios. Los agentes también usaron agujas para pincharle las uñas. Las torturas fueron tan severas que su cuello y su médula espinal resultaron heridos”.
– Al Younesi y Amirhossein Moradi
Adicionalmente, dos prisioneros políticos, Ali Younesi y Amir Hossain Moradi, dos estudiantes de élite arrestados en abril, están ahora bajo presión para hacer confesiones forzadas en la televisión. A este respecto, la hermana de Ali Younesi, el sábado escribió en Twitter: “El miércoles (2 de septiembre), se le dijo a mi hermano Ali Younesi que aceptara los cargos que se le imputan en una confesión televisada, en cuyo caso recibirá una sentencia de cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Después de cinco meses de detención, aislamiento e interrogatorio público, han insistido en una entrevista televisiva, amenazándolo y presionándolo durante las últimas tres semanas”.
El régimen iraní ha utilizado la tortura y los malos tratos de manera sistemática durante los últimos cuatro decenios contra los presos políticos. El 2 de septiembre, Amnistía Internacional publicó un impactante informe, “Trampled Humanity”, que confirma el uso de la tortura severa por parte del régimen, en particular contra los detenidos durante dos protestas nacionales en Irán en 2018 y noviembre de 2019.
Según este informe, el régimen iraní ha estado utilizando “una tortura generalizada que incluye palizas, azotes, descargas eléctricas, posiciones de estrés, simulacros de ejecuciones, submarinos, violencia sexual, administración forzada de sustancias químicas y privación de atención médica”, para presionar a miles de manifestantes detenidos durante el levantamiento de noviembre de 2019.
Las grandes protestas de Irán en noviembre de 2019 hicieron temblar los cimientos del régimen iraní. El líder supremo del régimen, Alí Jamenei, ordenó a sus fuerzas que “hicieran lo que debieran” para reprimir a los manifestantes. Más de 1500 manifestantes fueron asesinados y miles fueron arrestados.
En un intento desesperado por sofocar la inquieta sociedad iraní, el régimen ha aumentado sus medidas opresivas. Habiendo fracasado en la ejecución de tres manifestantes, tras una masiva campaña internacional en los medios de comunicación social, los mulás están tratando ahora de utilizar las ejecuciones como una muestra de poder. A este respecto, el diario estatal Mostaghel escribió el miércoles: “La simpatía y la armonía de la sociedad con las personas ejecutadas y el despertar de su sentido de compasión hacia estas [víctimas] seleccionadas por el sistema gobernante son signos de la creciente brecha entre la sociedad y el gobierno”. Por mucho que el gobierno lleve a cabo las ejecuciones fríamente, la sociedad las considera violentas y las protesta”.
El hecho de que la comunidad internacional no haya logrado que el régimen iraní rinda cuentas por sus crímenes pasados ha alentado a los mulás a matar y oprimir cualquier voz de disensión. Un ejemplo claro es la masacre de prisioneros políticos en 1988, un crimen que ha permanecido impune durante 32 años. Más de 30.000 presos políticos, en su mayoría miembros y partidarios de la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI/MEK), fueron ejecutados en cuestión de pocos meses. Estas ejecuciones se llevaron a cabo después de juicios cortos e injustos por las llamadas “Comisiones de la Muerte”.
Los autores de este crimen ahora ocupan altos cargos en el régimen. Entre ellos se encuentran Ebrahim Raisi, jefe de la judicatura del régimen, y Alireza Avaei, actual Ministro de Justicia.
El reciente informe de Amnistía Internacional y el hecho de tener dos criminales en el más alto nivel legal y judicial muestran que el régimen nunca ha cambiado de rumbo en lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos. A este respecto, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de hacer que los mulás rindan cuentas por sus crímenes pasados y actuales.
Como ha dicho la Resistencia iraní en repetidas ocasiones, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus Estados miembros, el Secretario General, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos, así como la Unión Europea, deben condenar las continuas torturas y los crímenes de lesa humanidad en el Irán. Deben adoptar medidas urgentes para garantizar la liberación de los manifestantes y los presos políticos detenidos y enviar una comisión internacional de investigación para que visite las cárceles del régimen.