GINEBRA – Javaid Rehman, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán, ha publicado un informe final y exhaustivo en el que pide que se establezca un mecanismo internacional para investigar y enjuiciar a los responsables de los “crímenes atroces” cometidos en Irán, entre ellos la ejecución extrajudicial de miles de prisioneros detenidos arbitrariamente durante la represión de la disidencia política en los años 1980, con especial atención a los miembros de la Organización Muyahidín-e Jalq (PMOI/MEK).
En su informe, publicado en los últimos días de su mandato de seis años, Rehman detalló los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil por parte de las autoridades iraníes entre 1979 y 1988. Clasificó estos actos como crímenes contra la humanidad, que incluyen asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecución y desapariciones forzadas. “Las autoridades de la República Islámica de Irán llevaron a cabo un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en cumplimiento y para promover una política estatal premeditada y motivada por la religión para exterminar a una gran parte del espectro político (que representa diferentes ideologías y visiones del mundo) que eran percibidos como enemigos religiosos del régimen teocrático”, afirmó Rehman.
Crímenes contra la humanidad
El informe destaca las extensas y brutales campañas de asesinatos en masa mediante ejecuciones sumarias, arbitrarias y extrajudiciales, encarcelamientos, torturas, violaciones y otros actos inhumanos contra decenas de miles de disidentes políticos y religiosos. Estos actos formaban parte de una política estatal para reprimir a los considerados enemigos del régimen teocrático, que abarcaban una amplia categoría de ciudadanos, incluidos intelectuales, artistas, socialistas y miembros de diversas organizaciones políticas. Los miembros del PMOI fueron objeto de importantes ataques durante este período.
El Relator Especial señaló que la naturaleza sistemática de estos ataques se pone de manifiesto en los patrones constantes de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales documentados en todo el país. Autoridades ejecutivas y judiciales de alto nivel estaban implicadas en la organización de estas campañas contra grupos percibidos como antiislámicos.
#Iran News in Brief
In a recent report published by the United Nations on March 1, @JavaidRehman @UN Special Rapporteur on the #HumanRights situation in Iran, expressed deep concerns regarding the escalating rate of executions in the country. Rehman highlighted that in the latest… pic.twitter.com/IncC8vcLfT— NCRI-FAC (@iran_policy) March 2, 2024
Intención genocida
Rehman destacó la intención genocida detrás de estas acciones, en particular contra el PMOI. Aportó pruebas sustanciales de las declaraciones y fatwas emitidas por altos funcionarios iraníes, incluido el Líder Supremo Ruhollah Khomeini, que demuestran una clara intención de destruir a estos grupos. Las fatwas y los pronunciamientos oficiales categorizaban a los miembros y simpatizantes del PMOI como monafeqin (hipócritas) y murtad (apóstatas), justificando su exterminio con pretextos religiosos.
El informe señala: “Ya se han considerado los requisitos específicos de la Convención sobre el Genocidio y los desafíos relacionados con la determinación del genocidio. La fatwa de Jomeini, un documento clave de la masacre de 1988, deja al descubierto la intención genocida de destruir físicamente a la OMPI, que fue tratada como un grupo religioso por los perpetradores. La fatwa caracteriza explícitamente las supuestas transgresiones religiosas de la OMPI como una “guerra contra Dios” que debe ser castigada con la ejecución”.
Masacre de 1988
La masacre de 1988 se destaca como un ejemplo particularmente atroz de crímenes atroces, que incluyó la ejecución sistemática de miles de prisioneros políticos, predominantemente miembros y simpatizantes del PMOI. Estas ejecuciones se llevaron a cabo a raíz de una fatwa de Ruhollah Khomeini e implicaron la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de miles de personas. Las víctimas fueron enterradas en fosas comunes sin marcar y a sus familias se les ha negado información sobre su suerte, lo que constituye desapariciones forzadas en curso.
Mostafa Pourmohammadi's staged interview reveals the regime's desperation to rewrite history on the #1988Massacre and counter MEK's influence on a restless society—an organization #Tehran has tried hard to eliminate and defame while claiming it has no significant following. pic.twitter.com/dbxo2jjZGa
— NCRI-FAC (@iran_policy) June 25, 2024
Rehman destacó la necesidad de un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas para abordar estos crímenes. “El continuo ocultamiento de la suerte de miles de opositores políticos y del paradero de sus restos constituye un crimen de lesa humanidad de desaparición forzada”, afirmó.
El régimen iraní sigue negando estos crímenes atroces y los autores no han sido llevados ante la justicia. Rehman hizo hincapié en que no debe haber impunidad para estas graves violaciones de los derechos humanos, independientemente del momento en que se cometieron. El Relator Especial pidió que se estableciera un mecanismo internacional independiente de investigación y rendición de cuentas para promover la verdad, la justicia y la rendición de cuentas para las víctimas.
El mandato de Rehman como Relator Especial concluye a fines de julio y será reemplazado por Mai Sato, de Japón. Su exhaustivo informe de 66 páginas pide justicia y rendición de cuentas para las víctimas de estas atrocidades. Se puede acceder a él en el sitio web oficial de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Enlace al informe: Informe del ACNUDH sobre Irán